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El 28 de septiembre celebramos el Día Internacional del Derecho a Saber, una iniciativa reconocida por las Naciones Unidas en la que se reclama derecho a acceder a la información de las administraciones públicas como vía esencial para facilitar la participación ciudadana y garantizar la rendición de cuentas. En España el Derecho a Saber fue reconocido en 2013, pero no como un derecho fundamental. Eso le resta prevalencia frente a otras normas y limita el acceso a la información de los ciudadanos.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno celebra el Día Internacional del Derecho a Saber, con varios actos abiertos a todos los ciudadanos, entre ellos un maratón de preguntas, una mesa redonda o la entrega de premios de la III Edición de los premios infantiles de transparencia.

El Día Internacional del Derecho a Saber sirve además para recordar que la mayoría de los avances en transparencia han sido fruto del trabajo de una ciudadanía exigente, y que hoy es más necesario que nunca que los ciudadanos se involucren más en el proceso. El derecho a saber comienza por el deber de preguntar.

La ciudadanía tiene la tarea de comprometerse con la lucha de que no se obstaculice el acceso a la información, además de impulsar iniciativas para que la transparencia sea un estandarte de las futuras autoridades.